Con el fin de llamar la atención del empresariado colombiano sobre la importancia de fortalecer la transparencia en el financiamiento de origen privado de las campañas políticas para las elecciones de 2018, agremiaciones, fundaciones empresariales y organizaciones sociales crearon la iniciativa ‘Tu aporte tiene poder: financia con responsabilidad’.

Esta plataforma busca que las empresas tengan información y orientación sobre los mecanismos de financiación. Asimismo, generar mayor exigencia a las campañas y tener planes de rendición de cuentas de quienes reciben los recursos, entre otros aspectos.

En Colombia las contribuciones privadas a las campañas son una forma legítima de participar en la democracia y de expresar las preferencias políticas. Según Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “financiar campañas contribuye a la competencia política activa y saludable, siempre y cuando se enmarque en patrones éticos de responsabilidad social y política, de transparencia y de rendición de cuentas. Lo anterior toma particular importancia en la medida en que el peso de las contribuciones privadas es cada vez más significativo, para lo cual la ley incluye disposiciones muy claras que deben ser estrictamente cumplidas y castigados con severidad quienes las incumplan”.

Por ejemplo, durante la campaña de 2014, 585 empresas de todo el país contribuyeron a las campañas del Congreso con donaciones, que sumadas a los recursos propios de los candidatos y de personas naturales representaron más del 70% de los ingresos para estas campañas. En cuanto a las presidenciales, gran parte de las personas naturales que realizaron aportes ocupaban cargos directivos en algunas de las empresas más grandes de Colombia.

De acuerdo con información extraída de Cuentas Claras y analizada por Transparencia por Colombia, en las elecciones a Congreso de 2014 el total de aportes de las personas jurídicas, entre donaciones y créditos, fue de $27.000 millones. Entre tanto, el aporte de personas naturales entre donaciones y préstamos, fue de $36.423 millones.

Cabe recordar que la regulación para financiación de campañas está en la Ley 996 de 2005, que desarrolla las reglas para elecciones presidenciales; la Ley 1475 de 2011, que adopta las reglas para los procesos electorales; y la Ley 1864 de 2017, que sanciona los delitos electorales.

La iniciativa busca, además, generar en los empresarios la conciencia de que los aportes de origen privado representan un riesgo si se hacen de manera oculta; ya que se pueden convertir en un mecanismo de presión indebida sobre los candidatos para favorecer adjudicaciones de contratos y, en ese sentido, una talanquera en la lucha contra la corrupción.

Para Catalina Montoya, Directora de la Unidad de Acción Vallecaucana, “un riesgo adicional para las personas jurídicas o naturales es que sus recursos lícitos, manifestados a través de donaciones realizadas, terminen siendo mezclados con aportes de origen ilícito o ilegal”.

La alianza que lidera el programa ‘Tu aporte tiene poder: financia con responsabilidad’ busca que los empresarios fijen los lineamientos para la financiación (donde se impongan límites, alcance y causa de las donaciones), verifiquen que la personería jurídica de los partidos o movimientos que quieran apoyar esté reconocida por el Consejo Nacional Electoral, y que sometan a decisión de la junta directiva o de socios la aprobación de la donación.

Para Rafael Aubad, Presidente de ProAntioquia, “es necesario que los empresarios y ciudadanos que aportan a las campañas exijan a los candidatos y a las autoridades electorales algunos compromisos como: la información de los demás donantes de las campañas, solicitar rendición de cuentas a través de la plataforma de Cuentas Claras y que los candidatos no sobrepasen los topes de financiación”.

La alianza por la responsabilidad política empresarial está inicialmente conformada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), ProAntioquia, ProBogotá Región, Funcicar, ProCartagena, Unidad de Acción Vallecaucana, Fundación Liderazgo y Democracia, Transparencia por Colombia, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Misión de Observación Electoral.

Artículo publicado en la edición 265 de Revista A.