La Revista A de la ANDI indagó a los candidatos a la Presidencia de la República sobre las consultas previas y populares, agricultura, y minería e hidrocarburos.
A continuación la entrevista otorgada por Sergio Fajardo, candidato presidencial por el movimiento Compromiso Ciudadano, en la edición 265 de la Revista A.

Revista A: Hay un gran debate en el país alrededor de las consultas previas y las consultas populares, su uso indebido y el impacto que están teniendo en las regiones. ¿Cuál es su posición al respecto y qué propuesta tiene su plan de gobierno frente a este tema?

Sergio Fajardo: Estamos a favor de las consultas previas, como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia participativa. Proteger los mecanismos de defensa y participación de la ciudadanía, en especial la tutela, las consultas previas y populares hace parte de nuestra propuesta programática en la Coalición Colombia.

Revista A: Es un lugar común afirmar que Colombia tiene un gran potencial en materia agroindustrial; sin embargo hay bastante por hacer. ¿Qué tiene previsto en su programa para promover la inversión y el desarrollo del sector de forma sostenible?

S.F.: Nuestra estrategia de desarrollo económico se basa en las capacidades de las personas y en la fortaleza de los territorios. Buscamos asegurar incrementos en la productividad que convertiremos en equidad social y crecimiento económico sostenible. 
El desarrollo agropecuario, junto a la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura serán los ejes de la modernización de nuestro aparato productivo. 
No solo nos enfocaremos en la producción, sino en toda la cadena de transformación y distribución del potencial productivo del campo. De la mano de campesinos y empresarios promoveremos una producción agrícola nacional que responda a la demanda interna de alimentos y materias primas y que cuente con las herramientas necesarias para que las regiones apartadas se inserten al mercado nacional y el país en su conjunto al mercado internacional.
Nos concentraremos en la provisión de bienes públicos de calidad que fomenten el desarrollo de las comunidades y el aumento de ingresos de los hogares rurales más pobres.

Revista A: ¿Debe Colombia desarrollar el potencial que tiene en materia de minería e hidrocarburos, o se debe limitar el crecimiento de proyectos en estos sectores?

S.F.: Apoyaremos la buena minería y la explotación de hidrocarburos que protejan el ambiente, proporcionen empleo, generen encadenamientos productivos, transfieran tecnología y respeten a las comunidades locales. A partir del cumplimiento de esas condiciones, apoyaremos la inversión nacional y extranjera en el sector. Implementaremos un plan de modernización de la infraestructura minero-energética. Mantendremos la actual participación accionaria del Estado en Ecopetrol y promoveremos la diversificación de su portafolio de negocios.
Trabajaremos por un acuerdo nacional para delimitar de forma definitiva las áreas donde no permitiremos ningún tipo de actividad de alto impacto. Apoyaremos los procesos mineros en lugares con vocación histórica, basados en licencias sociales obtenidas mediante la participación ciudadana y la concertación como mecanismos para ordenar el territorio, disminuir los conflictos socio-ambientales y proteger los recursos naturales. El Estado y las comunidades deben recibir retribuciones adecuadas que reconozcan el carácter no renovable de dichos recursos.
Crearemos una moratoria en la explotación de yacimientos no convencionales (fracking), en virtud del principio de precaución, hasta tanto no contemos con la capacidad institucional y la solidez regulatoria necesarias, para prevenir las consecuencias identificadas por la comunidad internacional en el uso de estas tecnologías.
Fomentaremos las alternativas de generación limpia de energía (eólica, solar y la que parte de los residuos sólidos de las grandes urbes, entre otras), que progresivamente comiencen a reemplazar las fuentes más contaminantes y con peores consecuencias en términos de cambio climático.
Enfrentaremos con todo el músculo estatal la actividad extractiva criminal, sin afectar la actividad de la minería artesanal, ancestral y de pequeña escala, formalizando la minería no vinculada a actividades delictivas.
Promoveremos un programa de cultura ciudadana por la legalidad que tenga como objetivo la prevención de la violencia. La educación y el apoyo a la gestión local desde el Gobierno Nacional contribuirán en este objetivo.

Acceda a las entrevistas de los demás candidatos en la edición 265 de la Revista A.