La Revista A de la ANDI indagó a los candidatos a la Presidencia de la República sobre las consultas previas y populares, agricultura, y minería e hidrocarburos.
A continuación la entrevista otorgada por el candidato Germán Vargas Lleras, representante del movimiento ciudadano Mejor Vargas Lleras, en la edición 265 de la Revista A.

Revista A: Hay un gran debate en el país alrededor de las consultas previas y las consultas populares, su uso indebido y el impacto que están teniendo en las regiones. ¿Cuál es su posición al respecto y qué propuesta tiene su plan de gobierno frente a este tema?

Germán Vargas Lleras: Comienzo por un dato: en Colombia la población indígena es del 3,4 % pero existen 4.496 procesos de consulta previa, mientras en Bolivia la población indígena alcanza un 62% y solo cuenta con 40 procesos. La consulta previa debe ser, como en todos los países, la excepción y no la regla general. Por eso he propuesto que mediante una ley estatutaria se reglamente y se fijen términos ciertos y predecibles a los procesos y se establezcan mecanismos de cierre. 
El abuso del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana (90 consultas populares) impone la necesidad de adelantar una reforma constitucional que delimite el alcance de los mismos. Requerimos reglas para hacer compatible el uso del suelo y del subsuelo mineral y que impidan la manipulación populista de las comunidades. 
Preservar estos mecanismos de participación es nuestro compromiso, pero no pueden convertirse en talanqueras infranqueables para el desarrollo. 

Revista A: Es un lugar común afirmar que Colombia tiene un gran potencial en materia agroindustrial; sin embargo hay bastante por hacer. ¿Qué tiene previsto en su programa para promover la inversión y el desarrollo del sector de forma sostenible?

G.V.: La participación de la agricultura colombiana en el PIB actualmente es del 6% pero se caracteriza por su baja productividad, carencia de encadenamientos productivos, falta de mecanismos de asociatividad y deficiencias históricas en infraestructura física, crédito, seguros de cosecha, comercialización interna y externa, acopio, logística y transporte multimodal. Esta problemática favorece el crecimiento de las importaciones, la dependencia alimentaria y el aumento de la brecha entre el campo y la ciudad.
Nuestro programa de gobierno consiste en la implementación eficaz de una política agropecuaria integral, cimentada en siete pilares básicos: 
El primero es priorizar la agricultura y la ruralidad como políticas de Estado a 2030. El segundo pilar le otorga el carácter de interés nacional a la protección de la propiedad privada y la legítima tenencia de tierra con fines productivos. 
El tercer pilar establece un régimen tributario especial para la agricultura, que fomente la inversión productiva, el crecimiento, el empleo y la productividad en el campo. 
El cuarto fortalece la formalización de la agricultura con un régimen laboral flexible, a fin de que los empleadores puedan contratar personal por periodos indeterminados o fijos.
El quinto busca la modernización y la rentabilidad del campo con asistencia técnica, crédito y seguro de cosechas. 
El sexto le otorga especial atención a la provisión de bienes públicos para cerrar definitivamente la brecha entre el campo y la ciudad. 
Y el último pilar le concede a la mujer rural un papel preponderante: ser el motor del crecimiento de la familia en el campo. Para ello, diseñaremos programas de educación integral en prevención de violencia intrafamiliar, empresarización del campo, emprendimiento, buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

Revista A: ¿Debe Colombia desarrollar el potencial que tiene en materia de minería e hidrocarburos, o se debe limitar el crecimiento de proyectos en estos sectores?

G.V.: El sector minero-energético junto con el turismo son los que tienen mayores posibilidades de crecimiento en el corto plazo y también los que están en mejor posición de generar los recursos fiscales que el país necesita para su desarrollo económico y social. 
Nuestra propuesta busca alcanzar tres objetivos principales: el primero, posicionar al sector minero-energético como generador de desarrollo económico, de aportes fiscales, de empleos formales y de calidad; el segundo, asegurar el abastecimiento energético aprovechando todas las fuentes disponibles, incluidas las energías renovables. Y el tercero, lograr avances significativos en cobertura y acceso a los servicios energéticos para todos los colombianos.
Tenemos que recuperar la inversión en minería, que ha caído de más de US$3.000 millones en 2013 a menos de US$100 millones en 2016. Nuestras reservas de petróleo tan solo alcanzan para cinco años y las de gas para siete años. Además, la producción de petróleo ha caído en 13,5% y la de gas un 9,5%, lo que ha conllevado una reducción de ingreso de más de $21 billones para el país. Para este propósito es indispensable mejorar la seguridad jurídica, agilizar el proceso de licenciamiento, reformar los mecanismos de participación ciudadana y exigir el cumplimiento de estrictos parámetros ambientales. 
En el sector eléctrico necesitamos diversificar nuestra matriz de generación, reforzar la seguridad energética y hacer más competitivas las tarifas, pues todavía hay más de 1,5 millones de colombianos sin energía eléctrica. 
Contamos con importantes recursos minero-energéticos cuyo desarrollo es imprescindible para garantizar nuestra seguridad energética, la inversión social, la competitividad de nuestro sector productivo y la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Hacer este desarrollo de manera sostenible y cumpliendo nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático es nuestro principal reto.

Acceda a las entrevistas de los demás candidatos en la edición 265 de la Revista A.