La Revista A de la ANDI indagó a los candidatos a la Presidencia de la República sobre las consultas previas y populares, agricultura, y minería e hidrocarburos.
A continuación la entrevista otorgada por el candidato Juan Carlos Pinzón, representante del movimiento ciudadano Ante Todo Colombia, en la edición 265 de la Revista A.

Revista A: Hay un gran debate en el país alrededor de las consultas previas y las consultas populares, su uso indebido y el impacto que están teniendo en las regiones. ¿Cuál es su posición al respecto y qué propuesta tiene su plan de gobierno frente a este tema?

Juan Carlos Pinzón: La proliferación de consultas populares, mecanismos de participación y vías de hecho ha sido una fuente de incertidumbre y preocupación para las empresas del sector energético en Colombia. La falta de claridad en las reglas de juego ha hecho que las empresas cuestionen sus inversiones en exploración y producción en nuestro país y hayan empezado a llevar su capital a países de la región con entornos jurídicos más estables y menos riesgosos. Por ejemplo, de llevarse a cabo las 32 consultas populares en proceso, se pondrían en riesgo 155.000 barriles de petróleo diarios. ¿Esto qué significa? Que básicamente se pondría en riesgo la sostenibilidad futura del 20% de la producción de petróleo en Colombia. 
Es muy importante que se reglamenten las competencias frente al uso del suelo y el subsuelo, el alcance de las consultas populares y los soportes técnicos que justifican su convocatoria. Debemos revisar los mecanismos de participación ciudadana, en particular este tema de las consultas previas. Tenemos que reglamentar las consultas a la luz de los derechos de todos los ciudadanos; teniendo como prioridad el desarrollo económico de manera sostenible. Otro aspecto clave es que las consultas no pueden ser una fuente de corrupción y subdesarrollo en las regiones. Nuestra primera tarea será censar quién tiene derecho a consultar y quiénes no. Es importante que de una buena vez especifiquemos las competencias de la nación y los entes territoriales frente a la política petrolera, el ordenamiento territorial y las reglamentaciones, controles y el seguimiento necesario a los aspectos ambientales, que son de la mayor importancia para lograr un desarrollo responsable y sostenible.

Revista A: Es un lugar común afirmar que Colombia tiene un gran potencial en materia agroindustrial; sin embargo hay bastante por hacer. ¿Qué tiene previsto en su programa para promover la inversión y el desarrollo del sector de forma sostenible?

J.C.P.: El potencial que tenemos en materia agroindustrial no tiene límites. Sin embargo, en Colombia no hemos tenido una política agroindustrial sólida y el campo ha perdido participación en la economía porque nos hemos venido urbanizando. Un aspecto central es el impacto que ha tenido la violencia en la migración de los colombianos a los centros urbanos. El abandono de estas regiones ha implicado que gran parte de nuestras zonas con potencial agroindustrial se encuentren en total abandono político. Esto ha generado que, a pesar del potencial que tenemos de ser la gran despensa del mundo en materia alimentaria, no seamos productivos ni siquiera para alimentarnos a nosotros mismos. Adicional a eso, nuestra población rural sigue desconectada. Solucionar este problema requiere mucho más que asistencialismo por parte del Estado. Necesitamos empezar a coordinar y optimizar todos los esfuerzos desarticulados que se están prestando desde MinHacienda, MinAgricultura, el Departamento Nacional de Planeación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y, ahora, la Agencia Nacional de Tierras. Debemos convertir a nuestros campesinos en empresarios productivos; hoy el sector apenas alcanza un 7% de la productividad de los sistemas agrícolas más avanzados. Nuestros campesinos deben volverse empresarios del campo, tienen que poder capacitarse para las necesidades del mercado, tecnificarse e invertir en mecanización, semillas genéticamente avanzadas, sistemas de riego y fertilización, herramientas digitales de apoyo al cultivo y logística para movilizar su producto. El campo moderno es sinónimo de economías de escala y para esto reformaremos por completo el esquema de cooperativismo agrario.

Revista A: ¿Debe Colombia desarrollar el potencial que tiene en materia de minería e hidrocarburos, o se debe limitar el crecimiento de proyectos en estos sectores?

J.C.P.: Colombia es un país rico en recursos naturales. Aquí hay petróleo, gas, oro, esmeraldas… son grandes riquezas de nuestro territorio nacional. También somos ricos en agua, tierra, diversidad de especies, todo esto hace parte de nuestro inmenso capital. Yo soy un creyente de que debemos aprovechar esta riqueza heredada para reactivar el crecimiento económico. Yo sí creo que debemos utilizar nuestros recursos para crecer lo que más podamos, pero lo debemos hacer de una manera sostenible, siendo responsables con el medioambiente. Lo haremos con normas claras y con tecnología, como lo hacen los grandes referentes a nivel internacional. En ese sentido, las licencias ambientales deben estar sujetas al tipo de tecnología que traen las empresas y las garantías que ofrecen en materia de sostenibilidad ambiental. Como parte del cambio que debemos hacer en el tema de licenciamiento ambiental, buscaremos minimizar tiempos de respuesta. Finalmente, un aspecto clave en esta materia es el gran problema en el que se nos ha convertido la minería ilegal. Lastimosamente, pocos han sobrevolado el Chocó, el sur de Bolívar, Cauca, Nariño, incluso Guainía; ver la destrucción que causa la minería ilegal da pánico. Yo considero que Colombia tiene en la minería un enorme potencial de generación de riqueza, ingresos, impuestos y puestos de trabajo. Sin embargo, para que esto se dé, la actividad minera debe ser regulada de manera que exista un desarrollo sostenible y un desarrollo responsable con las comunidades.

Acceda a las entrevistas de los demás candidatos en la edición 265 de la Revista A.