Oportunidad para el desarrollo de la oferta productiva nacional de maíz y soya, materias primas clave en la cadena de proteína animal y en la seguridad alimentaria del país.

Laura Pasculli, Directora de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI.

Un grupo de empresarios colombianos, conocido como el Grupo Ad-Hoc, inició un análisis de las cadenas globales de valor motivado por la necesidad de buscar soluciones que le permitieran al país superar los desafíos generados por la pandemia del COVID-19 y construir alternativas sostenibles para su futuro.

Este grupo identificó la necesidad de trabajar en la provisión de maíz y soya, requeridos para la cadena de proteína animal, que en 2020 generó cerca de 1,7 millones de empleos en todo el país y produjo 9,4 millones de toneladas de alimento balanceado, con las cuales fue posible llevar a la mesa de los colombianos 16.300 millones de huevos, 7.300 millones de litros de leche, 1,7 millones de toneladas de pollo, 468.000 toneladas de cerdo, 888.000 toneladas de carne de res y 179.000 toneladas de pescado, y la nutrición de más de 7,5 millones de mascotas.

En este ejercicio se encontró una oportunidad en el suministro local de materias primas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria del país, que en la actualidad vienen siendo abastecidas internacionalmente. El proyecto, que hoy cuenta con el respaldo del Gobierno nacional y se conoce como “Soya Maíz: Proyecto País”, tiene como propósito desarrollar la oferta productiva de maíz y soya para suplir las necesidades insatisfechas de la industria de balanceados, y así establecer relaciones de confianza entre productores e industriales para un desarrollo sostenido de la cadena.

Este es un proyecto público-privado en el que participan productores agrícolas; empresarios de alimentos balanceados, agroquímicos, maquinaria y semillas; bancos y aseguradoras; asociaciones como la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, Federal, Fenalce y Acosemillas; y entidades gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, el ICA, Finagro, el Banco Agrario, Agrosavia y BNA.

Las bases para el desarrollo de este Proyecto País han sido el diálogo, el entendimiento, el trabajo, la confianza, la constancia y una visión común. Y para esto ha sido clave entender las necesidades de los productores nacionales de maíz y soya, las necesidades de los industriales y los modelos exitosos de las mejores prácticas internacionales, de manera que puedan identificarse los principales retos y trazar un plan exitoso.

Este proyecto de generación de oferta productiva se ha construido sobre la base de:

• Metas de crecimiento. En 10 años se espera lograr un incremento anual de 55.000 hectáreas de maíz y soya (8 % anual del área), para alcanzar promedios de rendimientos nacionales de 7 ton/ha en maíz, y 2,8 ton/ha en soya, y suplir las necesidades de crecimiento de la industria de balanceados (6,3 % anual). Esto implicará inversiones por 11,7 billones de pesos a partir de 2022.
• Maximizar la rentabilidad de los productores. Pasar de monocultivos a sistemas productivos integrales, esto es, un esquema de rotación de maíz-soya-ganadería, de forma que el productor tenga ingresos anuales resultantes de tres cosechas al año, incorporando prácticas sostenibles.
• Adopción del modelo de agricultura por contrato. Esto, con base en las condiciones del mercado, para garantizarles a los productores la compra de sus cosechas y el acceso al crédito, y a la industria de balanceados, la oferta de materias primas a precios competitivos.

El proyecto tiene hasta el momento los siguientes logros:

• Publicación de la cartilla Soya-Maíz: Proyecto País, donde se establece el análisis situacional y las metas de crecimiento a futuro.
• Lanzamiento de la iniciativa por parte del Presidente de la República, Minagricultura y sus entidades, y el sector privado.
• Tres ruedas de negocio para propiciar la creación de alianzas comerciales a través de contratos de proveeduría en Córdoba, Tolima y Palmira.
• Actualización regulatoria del ICA para simplificar y agilizar los trámites de registro de semillas de última tecnología.
• Proyecto de maíz tecnificado por parte de Agrosavia en Córdoba.
• Modelos de contrato a corto, mediano y largo plazo, y distintos esquemas de gestión del riesgo para la definición del valor de compra de la cosecha.
• Cobertura del FAG del 80 % sobre el valor del crédito para pequeño, mediano  y esquemas asociativos.
• Crédito de Finagro (LEC) por 200.000 millones de pesos para pequeños y medianos productores de maíz, y línea para capital de trabajo destinada a financiar costos de preparación de tierras, semillas, insumos, fertilización, mano de obra y cosecha.
• LEC-Agricultura por contrato para operaciones forward, el cual busca otorgarles un anticipo a los agricultores por parte de la banca donde el comprador actúa como integrador y asume la responsabilidad del crédito.

Se ha logrado avanzar, pero es necesario seguir trabajando en la superación de los principales retos de la cadena, como la mejora de la productividad, el acceso a semillas de última generación, las tecnologías de producción, el desarrollo de agricultura de precisión y regenerativa, la asistencia técnica, los sistemas productivos integrales, la capacidad de secamiento y almacenamiento, la seguridad jurídica y el uso de tierras, la infraestructura de riego y drenaje, entre otros temas.

Ejemplos como este hay muchos en curso, en los cuales se unen esfuerzos y se trabaja articuladamente entre sector público y privado para superar los retos económicos, consolidar una oferta nacional competitiva y construir más país.