Por Luis Fernando Mejía, Director Ejecutivo de Fedesarrollo

Para enfrentar los efectos del COVID-19, Colombia implementó un confinamiento obligatorio desde el 25 de marzo, pocos días después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia y creara el Fondo de Mitigación de Emergencias con recursos equivalentes al 2,8% del PIB. El fondo está destinado a financiar gastos de salud, proporcionar hasta el 90% de las garantías gubernamentales para el crédito a las pyme y aumentar las transferencias a familias pobres y hogares vulnerables. Para ello, el Gobierno combinó recursos del fondo de ahorro de regalías con reservas por valor de 1,5% del PIB y emisiones de bonos nacionales y otras fuentes para un 1,3% del PIB adicional.

A pesar de estos esfuerzos, nuestras estimaciones muestran que el costo de cada mes de cuarentena fue de al menos $48 billones (4,5% del PIB), lo que, aunado a la desaceleración económica global, redujo drásticamente nuestros pronósticos de crecimiento para 2020. En efecto, estimamos que la economía colombiana podría contraerse en un rango del 5% al 7,9%, siendo nuestro escenario medio una caída del 5%, la mayor contracción en al menos un siglo de historia. El desempleo, que el año pasado fue del 10,5%, podría aumentar al 18,2% promedio año, lo que implica que habría 1,9 millones de personas adicionales en desempleo. Los niveles de pobreza podrían aumentar del 27% al 31,9% de la población, 2,3 millones de personas adicionales en esa condición, revirtiendo casi diez años de avances en este frente.

En medio de estas perspectivas y considerando las fuentes de financiamiento requeridas para mitigar los impactos de la crisis, el incremento de la deuda colombiana es inevitable. Colombia debe aplicar el máximo esfuerzo para evitar una catástrofe económica que elimine los progresos económicos y sociales de las últimas décadas. Pero esto impondrá entonces un importante reto: buscar estrategias para dinamizar la producción y recuperar el empleo. De un lado, será necesario impulsar la actividad económica a través de inversiones con múltiples encadenamientos productivos y con potencial contracíclico. Este es el caso del sector de construcción y obras civiles, altamente generador de empleo y relacionado con otros sectores como la industria, el comercio y los servicios sociales. Nuestras estimaciones muestran que cada $100 invertidos en infraestructura pública jalonan $160 de actividad económica agregada.

De otro lado, el país deberá iniciar la implementación de reformas que le permitan corregir problemas estructurales profundizados por la crisis del COVID-19 como la informalidad laboral y el bajo recaudo tributario. Recientes experiencias exitosas muestran que reducir los costos laborales formales no salariales es clave. Colombia pudo disminuir su tasa de informalidad de manera permanente en aproximadamente 3 puntos porcentuales a través de una reforma del mercado laboral en 2012 que redujo los costos del empleo formal.

Otra reforma pendiente es ampliar la base impositiva, al aumentar sustancialmente la fracción de la población que debe presentar su declaración de renta. Colombia recauda cerca del 1,2% del PIB en impuestos a las personas, con una estructura muy sesgada hacia los impuestos a las empresas, mientras que las economías de la OCDE recaudan un 8,3% en promedio en este frente. Además, en Colombia, la tasa más baja de impuesto a las personas se cobra a partir de dos veces el ingreso per cápita, muy por encima de los estándares de la OCDE (alrededor de la mitad del ingreso per cápita). Así, en un inicio, el país debería expandir la base tributaria sin cambiar las tasas impositivas, pero a medida que el crecimiento se recupere, dichos impuestos podrían ser una fuente importante y progresiva de ingresos.

Las reformas para aumentar las tasas de ahorro también son esenciales. Colombia cuenta con un mercado de capitales poco desarrollado y la profundización financiera, medida como el crédito al sector privado como proporción del PIB, sigue siendo pequeña. Las reformas para corregir estos problemas podrían aumentar las tasas de ahorro y reducir el costo de capital, aumentando así la inversión y el crecimiento económico. El país haría bien en implementar las recomendaciones de la reciente misión de mercado de capitales.

Colombia debe enfocarse en respuestas anticíclicas para una recuperación económica rápida, seguida de un período de reformas económicas que nos permitan retomar nuevamente el camino de la prosperidad, con equidad y sostenibilidad. El reto está en no desaprovechar esta ventana de oportunidad para implementar reformas que hoy lucen más necesarias que nunca.