La Revista A de la ANDI indagó a los candidatos a la Presidencia de la República sobre las consultas previas y populares, agricultura, y minería e hidrocarburos.
A continuación la entrevista otorgada por Alejandro Ordóñez, precandidato presidencial de la coalisión de derecha, en la edición 265 de la Revista A.

Revista A: Hay un gran debate en el país alrededor de las consultas previas y las consultas populares, su uso indebido y el impacto que están teniendo en las regiones. ¿Cuál es su posición al respecto y qué propuesta tiene su plan de gobierno frente a este tema?

Alejandro Ordóñez: A quienes reconocemos esta industria como un aliado para el progreso del país nos preocupan las decisiones judiciales de los últimos cuatro años, que han llegado a otorgar a las entidades territoriales la facultad de autorizar o no la realización de la actividad minero-petrolera a través de mecanismos de participación, desconociendo que es el legislador quien debe determinar las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. Bajo este panorama, es necesario crear jueces especializados en asuntos mineros, de hidrocarburos y medioambiente; nos involucraremos activamente en los procesos de participación con las comunidades en donde se desarrolle la actividad, para que haya una efectiva comunicación e interlocución entre estas y las empresas. También se hace necesario reglamentar estos procesos y adelantar permanentemente pedagogía, para evitar que las consultas previas y los procesos de concertación sean eternos y se conviertan en un mecanismo de chantaje, pues no es un secreto que algunas comunidades que no pertenecen al área de influencia de los proyectos acuden a los mecanismos de participación, a las vías de hecho, incitadas e instrumentalizadas por terceros, con agendas e intereses distintos al bienestar de la región. Se enseñará a las comunidades sobre los beneficios de la industria en las finanzas municipales y nacionales, la salud, la educación, la infraestructura y el empleo. Es nuestro deber velar por el ordenamiento jurídico, pero debemos ser el mayor aliado de las empresas que generan empleo sostenible para el país.

Revista A: Es un lugar común afirmar que Colombia tiene un gran potencial en materia agroindustrial; sin embargo hay bastante por hacer. ¿Qué tiene previsto en su programa para promover la inversión y el desarrollo del sector de forma sostenible?

A.O.: El Estado tiene una deuda con el campo, el abandono es evidente y debemos dignificar la familia campesina que vive en condiciones de pobreza extrema. No se puede hablar de agroindustria sin aportar lo que requiere la base del sector primario y sobre el cual el país tiene un enorme potencial no aprovechado. Es necesario realizar un verdadero ordenamiento territorial del campo, donde fortaleceré la política social para acceso a educación, salud, servicios básicos esenciales y vivienda digna. Duplicaremos el presupuesto del agro, que actualmente está en $2,2 billones para avanzar en la tecnificación de las cadenas productivas, fortalecer la asistencia técnica a manos del Ministerio de Agricultura y hacer eficiente el ICA y demás entidades estatales y de educación; robusteceré Finagro para mejorar el proceso de industrialización del campo, tener mayor liquidez, sostenibilidad, expansión e innovación, aprovechando la tierra que aún está sin uso y los acuerdos que hacen que el producto colombiano sea apetecido en mercados internacionales, tarea en la que estamos atrasados.Trabajaremos en reducir la carga tributaria que no sólo será un alivio para agricultores y demás sectores de la economía, sino que atraerá más inversión, que lamentablemente ha perdido fuerza por falta de seguridad jurídica y unas cargas tributarias que hacen a Colombia poco atractiva. En mi gobierno tener empresa significará garantías, seguridad y oportunidad. 

Revista A: ¿Debe Colombia desarrollar el potencial que tiene en materia de minería e hidrocarburos, o se debe limitar el crecimiento de proyectos en estos sectores?

A.O.: Estoy seguro de que debemos apoyar y continuar consolidando el sector. El país requiere de manera urgente una política pública que otorgue seguridad a los inversionistas, que permita reactivar la industria y estimule el fortalecimiento de los proyectos actuales. Es de vital importancia ofrecer las garantías necesarias que permitan el desarrollo de la actividad minero-petrolera, comenzando por la firmeza y seguridad jurídica de las actuaciones administrativas, para aportarle recursos a la nación e impulsar el desarrollo regional. 
Vamos a apoyar la creación y el crecimiento de los proyectos bajo reglas claras en lo social, ambiental y económico para continuar aprovechando nuestros recursos naturales no renovables; acompañaremos de manera activa y permanente a las empresas del sector en los trámites administrativos que requieran, así como en la socialización de los proyectos y conflictos con la comunidad. Es fundamental el liderazgo del gobierno, pues en los últimos tres años el 66% de los pozos para exploración no se lograron desarrollar por demoras en licencias, permisos ambientales, dificultades de orden público y bloqueos de las comunidades; también la actividad sísmica se retrasó por las mismas razones. La última ronda 2014 adelantada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, así como la ronda Sinú-San Jacinto 2017 han dejado un mensaje en donde cada vez menos compañías quieren invertir en Colombia. 

Acceda a las entrevistas de los demás candidatos en la edición 265 de la Revista A.