Colombia está en riesgo de quedarse sin un régimen sancionatorio aduanero que sirva como control del comercio ilícito.
Bogotá, 14 de mayo de 2026. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI- hace un llamado respetuoso al Congreso de la República para que avance de manera prioritaria y urgente en la convocatoria y trámite del Proyecto de Ley 312 de 2025 Senado – 463 de 2025 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 331 de 2025 Senado, mediante el cual se busca expedir el nuevo Régimen Sancionatorio y que cuyo debate fue suspendido el pasado 12 de mayo Aduanero.
La Corte Constitucional otorgó al Congreso de la República plazo hasta el 20 de junio de 2026 para expedir y sancionar este régimen mediante ley. Después de esa fecha hay un enorme riesgo de pérdida de control por parte de la autoridad aduanera, lo que podría abrir la puerta a una desbandada de comercio ilícito.
La discusión y aprobación de esta iniciativa es fundamental para preservar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la capacidad del Estado colombiano para enfrentar el contrabando y las prácticas ilegales que afectan gravemente la economía nacional y el comercio formal.
No avanzar oportunamente en la convocatoria y discusión de este proyecto debilitaría las capacidades sancionatorias y de control del Estado frente al contrabando y otras conductas que afectan el comercio exterior y la legalidad. Además, comprometería la seguridad jurídica de las operaciones aduaneras, la estabilidad de la cadena logística y la confianza en la economía colombiana.
La ANDI resalta que el texto presentado es el resultado de un amplio proceso de diálogo y construcción técnica entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la ANDI como miembro del Consejo Gremial Nacional ampliado, y distintos actores del comercio exterior, quienes participaron en múltiples mesas de trabajo y espacios de concertación orientados a construir un proyecto equilibrado entre control aduanero, lucha contra el contrabando, y facilitación del comercio y seguridad jurídica.
La lucha contra el contrabando, la protección del comercio formal y la estabilidad jurídica del país no admiten aplazamientos ni limbos jurídicos.