Por Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI

La certidumbre jurídica es el principal elemento para la inversión, el crecimiento y la competitividad del sector productivo del país. Se afecta cuando se dan cambios imprevistos o desproporcionados en las reglas de juego para hacer negocios; cuando estas reglas se aplican de manera diferente a empresas del mismo sector económico; cuando se realizan diversas interpretaciones de las normas jurídicas por las autoridades públicas; o cuando, simplemente, se modifican irracionalmente los derechos y las obligaciones de quienes actúan bajo el principio de la confianza legítima propiciada por el Estado.

Por eso, en la ANDI hemos llamado la atención en diversas ocasiones, sobre la importancia entre las autoridades públicas de guardar coherencia al expedir normas, interpretarlas y resolver controversias basadas en ellas. Esa necesidad de coherencia se convierte en imperativa para incentivar la inversión nacional y extranjera.

La coherencia se da en el Gobierno cuando al definir la políticas públicas y las acciones para desarrollarlas, hay armonía entre las diferentes dependencias que lo componen; en el Congreso, al asegurar el equilibrio económico y social en las leyes que expida; en las Cortes y juzgados, al darle el curso debido a las causas judiciales y al definir los precedentes que orienten la resolución de controversias mediante decisiones con perspectiva estructural y de largo plazo, tanto en lo regulatorio como en lo fiscal.

Es por este motivo que decisiones judiciales recientes como la emitida contra Cerro Matoso, abren las puertas para usar la tutela, no como camino para proteger derechos fundamentales cuando no exista otro medio para remediar su afectación, sino para exigir pagos de indemnizaciones basadas en “altas probabilidades” de afectación no comprobadas plenamente dentro del proceso judicial.

Admitir el uso de la acción de tutela, en vez del proceso ordinario, para determinar el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, y con ello estimar indemnizaciones derivadas de responsabilidades civiles extra contractuales, afecta sensiblemente la confianza, la objetividad procesal y la competitividad. Llegaríamos en lo sucesivo a asuntos tan confusos, como que cualquier vecino de una empresa podría demandarla por tutela sin probar plenamente su responsabilidad a fin de buscar que se le indemnice por afectaciones a su salud.

Aún es tiempo de evitar tal incertidumbre.

El sector privado consciente de su compromiso de mejoramiento social, ha estado siempre abierto a ofrecer y extender los canales de comunicación con los diversos actores que rodean las empresas y compartirles la forma como insertan sus trabajos dentro de una estrategia de sostenibilidad que incluya el desarrollo social de las comunidades.

El compartir y divulgar mayor información sobre la actividad que las empresas despliegan y sus reales impactos en la sociedad, les permite a los ciudadanos enterarse del aporte significativo del sector privado al bienestar y el desarrollo responsable del país. 
En ese contexto, es indispensable que las empresas estén rodeadas de un entorno propicio para realizar libremente los objetivos que se han trazado y lograr resultados sostenibles que agreguen valor económico y social.

Colombia no puede perder de vista el valor y aporte de sus empresas. Es necesario que se considere el desarrollo empresarial como motor de crecimiento y generador de progreso.

Cuando esto ocurre, se incrementa la capacidad de invertir y producir riqueza traducida en réditos a los propietarios, ingresos para atender el funcionamiento del Estado, la mayor generación de empleo formal y, en general, el bienestar de los colombianos.

De esa manera estamos dando respuesta a los desafíos que existen en una sociedad como la nuestra.