Cucuta abril 29 de 2026.- La ANDI Seccional Norte de Santander manifiesta su profunda preocupación frente al deterioro de las condiciones de seguridad en el departamento, especialmente en la región del Catatumbo, y su impacto directo sobre la operación empresarial, el abastecimiento y la estabilidad económica regional.

En los últimos meses se ha venido consolidando un entorno cada vez más adverso para el desarrollo de actividades productivas, particularmente en el sector minero energético y en las cadenas asociadas. Entre los hechos más relevantes se destacan:

* La suspensión de operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo debido a la situación de orden público.

* Las afectaciones al bloque Carbonera de gas en el municipio de Sardinata, derivadas de bloqueos, restricciones a la movilidad y riesgos para el personal operativo.

* La interrupción del suministro de gas domiciliario en el municipio de Tibú, producto de amenazas de grupos armados.

* Las dificultades para la distribución de GLP en municipios del oriente del departamento, afectando el abastecimiento de hogares y comercios.

* Las pérdidas sostenidas en el sistema eléctrico, derivadas de conexiones ilegales y afectaciones a la infraestructura que impactan la operación de CENS EPM.

* El hurto de combustible en el poliducto en el sur del Cesar, lo que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura energética en la región.

A lo anterior se suma una situación crítica en el sistema eléctrico. Desde el 8 de abril se registra una afectación grave en la línea de transmisión de 115 kV entre Convención y Tibú, con daños en varios tramos, incluyendo ruptura de cables y colapso de estructuras. Las labores de reparación han tenido que ser suspendidas por condiciones de seguridad, ante la posible presencia de artefactos explosivos, lo que ha obligado a solicitar acompañamiento del Ejército.

Actualmente, el municipio de Tibú está siendo abastecido por una única línea, sin respaldo, lo que deja a la región en una condición de alta vulnerabilidad ante cualquier falla adicional. La recuperación total del sistema dependerá de que se garantice el acceso seguro a la zona.

Adicionalmente, en las últimas horas se ha presentado un hecho de especial gravedad. Las diez estaciones de servicio que operan en el municipio de Tibú suspendieron la distribución de combustible ante amenazas y exigencias de extorsión por parte de grupos armados, quienes estarían solicitando pagos periódicos a los empresarios del sector. Esta situación genera un riesgo inminente de desabastecimiento y afecta directamente la economía local.

Estos eventos no son aislados. Configuran un entorno sistemático de presión sobre la actividad empresarial que está llevando a la reducción, suspensión o cierre de operaciones. Esto pone en riesgo no solo a las empresas directamente afectadas, sino a toda su cadena de valor, incluyendo proveedores, transportadores, comercios y miles de empleos formales.

La continuidad de estas condiciones tiene efectos estructurales sobre la región. Se deteriora la confianza inversionista, se limita la capacidad productiva del departamento y se profundizan las dificultades sociales en un territorio que requiere justamente más inversión, empleo formal y oportunidades.

Desde la ANDI Seccional Norte de Santander hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten medidas efectivas que garanticen el control del territorio, la protección de la infraestructura estratégica y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial.

La seguridad no es un asunto sectorial. Es una condición indispensable para la producción, el abastecimiento, la inversión y el bienestar de la población.