Inicio de sesión
  • TRM (COP/USD) $ 2.889,45
  • DTF (%) 6,17%
  • IPC Anual (Mayo 2016 - Abril 2017) 4,66
  • IPC Corrido (Enero - Abril) 3,00
  • IPC Mensual (Abril) 0,50
  • Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,92
  • Café (US¢/lb) 1,31

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tributaria 

MAYO 2017 


Señores Afiliados:


Presentamos, a continuación, algunos puntos en materia tributaria que consideramos de su interés:

 

Una entidad extranjera puede ser sujeta al régimen tributario especial colombiano de reunir los requisitos señalados en la Ley 1819 de 2016, y no ser sujeto de retención sino únicamente por los conceptos que se someten a tal régimen, y ello supeditado a la expedición de la reglamentación: así aparece consignado en el concepto No. 900033 del 24 de febrero de 2017 de la DIAN; concepto del cual es del caso transcribir los apartes siguientes:

 

"… se requiere se aclare si en un contrato de prestación de servicios desde el exterior por parte de una entidad del régimen tributario especial extranjera se encuentra sujeta a impuestos o retención en Colombia…

 

"…

 

"En conclusión una entidad extranjera puede ser sujeta al Régimen Tributario Especial Colombiano de reunir los requisitos señalados en la Ley 1819 de 2016 y no ser sujeto de retención sino únicamente por los conceptos que se someten (sic) los pertenecientes a tal régimen, supeditado todo ello a la expedición de la reglamentación sobre el tema".

 

Si el importador de licores, vinos, aperitivos y similares pagó el IVA en la importación y en la adquisición de bienes y servicios gravados que incorporó al producto final, sí tiene derecho al descuento conforme a los establecido en los artículos 485, 488 y siguiente del Estatuto

Tributario: así aparece consignado en el concepto No. 4345 del 21 de febrero de 2017 de la DIAN; concepto del cual es del caso transcribir los apartes siguientes:

 

"Con el oficio de la referencia consulta:

 

"a)- ¿Los importadores en la importación de licores, vinos, aperitivos y similares deben pagar el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5%, siendo así cuando se realicen la comercialización en el país se debe discriminar esta misma tarifa del 5% en la factura de venta? ¿Cuándo el importador de licores, vinos, aperitivos y similares sea responsable del impuesto sobre las ventas, tiene derecho a descontar en la declaración del IVA, el impuesto sobre las ventas pagado en la nacionalización y en  la compra de otros bienes y servicios cuando estos gastos son unas expensas necesarias para la comercialización del producto?

 

"…

 

"A su primer interrogante, conforme la norma expuesta de la Ley 1819 de 2016 se estableció que a partir del 1 de enero de 2017 en la importación y posterior comercialización hasta el consumidor final, de licores, vinos, aperitivos y similares se encuentran gravados con la tarifa del impuesto sobre la ventas del cinco por ciento (5%), esta misma tarifa aplicará en la comercialización del producto dentro del país y se deberá discriminar en la factura de venta, esto sin perjuicio del impuesto al consumo que corresponda, conforme el artículo 50 de la Ley 788 de 2002 modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016.

 

"Ahora, respecto a la segunda parte de ese primer interrogante, conviene referir el artículo 485 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 56 de la Ley 1607 de 2012, que dispone:

 

'Impuestos descontables. Los impuestos descontables son:

 

'a) El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios.

 

'b) El impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles (…)'

 

"Con relación a este tema podemos concluir que si el importador de licores, vinos, aperitivos y similares pagó el IVA en la importación y en la adquisición de bienes y servicios gravados, que incorporó al producto enajenado, sí tiene derecho al descuento conforme a los establecido en los artículos 485, 488 y siguientes del Estatuto Tributario".

 

Impuesto sobre el patrimonio y el artículo 17 de la Decisión 578 de la CAN: Consejo de Estado dice que deben incluirse en la base gravable de dicho impuesto, las cuentas por cobrar en Ecuador y Perú: así lo señaló la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 9 de marzo 2017 (Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas; número interno: 19195); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

 

"Atendiendo la finalidad de la Decisión 578 de 2004 de la CAN, la Sección acoge la interpretación que hace el Tribunal de Justicia en el caso concreto, en virtud de la cual, el artículo 17 de la Decisión 578 de la CAN es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el país miembro donde se localice el bien objeto del gravamen.

 

"Si el bien o derecho no es gravado por el Estado que ostenta la potestad tributaria prevalente, 'puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto'.

 

"…

 

"De acuerdo con el acervo probatorio y las premisas sentadas en los apartes precedentes, para la Sección es claro que la sociedad xxxxxxxxxx debió haber incluido en el patrimonio líquido gravable por el impuesto al patrimonio del año 2007, la suma de $3.640.758.423,74, correspondiente a cuentas por cobrar en Perú y Ecuador, ya que si bien dichos países tenían la potestad tributaria prevalente, no hay prueba de su ejercicio. Por ende, habilitaron a Colombia para gravar esa parte del patrimonio poseída en el exterior, conforme lo dispuesto por la legislación interna.

 

"No puede perderse de vista que esa fue la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 de la CAN, la que, no sobra recordar, es de adopción obligatoria conforme lo dispone el artículo 35 del Tratado de creación de dicho Tribunal.

 

"…

 

"3.1.1. De si la demandante está exonerada de la sanción por inexactitud

 

"En el caso sub examine, como se vio anteriormente, la Sala resolvió sobre la interpretación del artículo 17 de la Decisión 578 de la CAN, en cuanto a que la demandante debió haber incluido en el patrimonio líquido gravable por el impuesto al patrimonio del año gravable 2007, la suma de $3.640.758.423,74, correspondientes a las cuentas por cobrar en Ecuador y Perú, pues si bien dichos países tenían potestad tributaria prevalente, lo cierto es que no se encontró prueba de su ejercicio.

 

"Para la Sala, la interpretación que más se ajusta a los fines de la norma (art. 17 de la Decisión 578 de la CAN) es la que ofrece la DIAN, en la medida en que, como se concluyó, el hecho de que Perú y Ecuador no ejercieran la potestad tributaria prevalente en este caso, habilitó a la DIAN a gravar esa parte del patrimonio poseída en el exterior, conforme con la legislación interna.

 

"Esto permite evidenciar que entre las partes si se presentó un conflicto sobre la interpretación del artículo 17 de la Decisión 578 de la CAN y no sobre los hechos que fundamentaron las glosas hechas por la DIAN, independientemente de que la interpretación ofrecida por las partes repercuta en el caso concreto. Por eso, aunque la interpretación que hizo la demandante de la norma aplicable al caso derivó en una inexactitud en los valores declarados por el impuesto al patrimonio por el año gravable 2007, lo cierto es que se demostró que tanto en el curso de la actuación administrativa, como en esta instancia, siempre existió esa disparidad de criterios sobre el derecho aplicable".

 

 

"El demandante siempre propuso una interpretación alterna a la que invocó la DIAN en los actos acusados sobre lo que debía entenderse por potestad tributaria prevalente para los efectos del artículo 17 de la Decisión 578, amparada en razonamientos objetivos. Esto resulta suficiente para considerar que en el caso se presentó el presupuesto de diferencia de criterios sobre la interpretación de la ley, que contiene el artículo 647 del E.T., para exonerar de la sanción a la demandante.

 

"En efecto, la Sala considera que, en este caso, estamos frente a una evidente disparidad en la interpretación y alcance de la norma aplicable, esto es, el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 de la CAN, que sólo fue resuelta, por vía de autoridad, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con ocasión de la solicitud de interpretación prejudicial presentada en el presente proceso".

 

 

Principio de legalidad tributaria y prohibición de gravar la industria de licores con tributos adicionales al impuesto de consumo: estos puntos fueron abordados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 2 de marzo 2017 (Consejero Ponente: Dr. Jorge Roberto Piza Rodríguez; número interno: 19976); sentencia que confirmó la nulidad de unos artículos de la Ordenanza 035 de 1984 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, y cuyos apartes pertinentes dicen:

 

"2.2.7.- … la obligación analizada responde con mayor precisión a una imposición tributaria, ajena al impuesto al consumo, que recae sobre la venta de licor que realiza la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

 

"Todo, porque al disponer el pago de una suma fija de dinero del precio de venta de cada unidad de licor, la ordenanza le atribuye a una muestra de capacidad económica, que consiste en la obtención de ingresos por la realización de una actividad productiva, una consecuencia jurídica determinada unilateralmente por la Asamblea, como órgano representativo del Departamento, que en ese sentido, viene a ser el sujeto activo del gravamen.

 

"2.2.8.- Nótese, además, de la redacción de las disposiciones acusadas, que la obligación allí establecida no supone la aprobación o consideración de la empresa afectada, como agente económico independiente que es, toda vez que de manera unilateral, se insiste, la obliga al pago, y habilita directamente al ente beneficiario (la Universidad de Cundinamarca) a efectuar su cobro mediante cuentas de cobro, que, valga decir, constituyen un título ejecutivo.

 

"Esa conducta es propia del poder impositivo y refuerza la tesis de la naturaleza tributaria de la obligación creada en la Ordenanza 035 de 1984. 

 

 

 

"Tal facultad impositiva es particular y difiere de las potestades ordinarias que tiene la Asamblea como órgano de representación popular, comoquiera que es muestra de una soberanía fiscal, que tratándose de entes territoriales, es parcial, pues se encuentra sujeta a la legislación nacional.

 

"2.2.9.- En síntesis, la configuración de la obligación establecida en la Ordenanza 035 de 1984 revela el ejercicio de un poder impositivo, respecto de un asunto para el cual la Asamblea no tenía competencia, porque no había sido autorizada por el Congreso para tales efectos, toda vez que no existe norma legal que permita la fijación de impuestos distintos al de consumo, sobre la venta de licores.

 

"De allí que, para la Sala, la Asamblea Departamental de Cundinamarca creó sin fundamento legal un tributo a cargo de la Empresa de Licores de Cundinamarca, que desconoce la prohibición del artículo 67 de la Ley 14 de 1983, que impide establecer gravámenes adicionales sobre la venta de licores, distintos al impuesto al consumo de licores y en ese orden de ideas, el acto demandado debe ser anulado, tal como se hizo en la sentencia apelada que, por lo tanto será confirmada".

 

 

Principio de favorabilidad: la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 2017 (Consejero Ponente: Dr. Jorge Octavio Ramírez; número interno: 21089), dijo lo siguiente sobre este principio:

 

"Por tanto, procede la imposición de la sanción por inexactitud.

 

"4.3. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que 'el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior'.

 

"Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que ésta (sic) última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente".

 

"4.4. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados".

 

 

 

De acuerdo con la Ley 14 de 1983, la actividad de explotación de minas, que incluye la trituración, no puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio: así lo señaló la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 2 de febrero de 2017 (Consejera Ponente: Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto; número interno: 21179); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

 

"En los actos administrativos demandados, el ente municipal sostiene que la actora, '(…) tiene toda una infraestructura industrial en la cual transforma físicamente los materiales extraídos de la mina mediante procesos de trituración primaria y trituración secundaria, es decir, que sí hay transformación física de materiales'

 

"A partir de lo anterior, la demandada ha afirmado tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción, que la actora desarrolla una actividad industrial además de la actividad minera. 

 

"Para la apelante, los procesos de trituración que se realizan en San Luis no corresponden a la actividad industrial de producción de cemento, por cuanto no transforma los minerales extraídos de la mina de Payandé, sino que integran la actividad de explotación minera por la cual paga las respectivas regalías.

 

"El problema jurídico así planteado, fue examinado por la Sala mediante sentencia del 18 de julio de 2013, proferida en el expediente 18481, dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado entre las mismas partes, por razones fácticas y jurídicas similares a las que ahora se discuten. En aquélla oportunidad, se debatió la legalidad de los actos administrativos que, por procedimiento de aforo, liquidaron el impuesto de industria y comercio a cargo de xxxxxxxxxx para la vigencia 1999. 

 

"En la citada sentencia la Sala concluyó que gravar la actividad de trituración, como actividad industrial independiente, implicaba gravar la actividad de explotación minera, porque la trituración hace parte de dicha explotación, la cual, como tal, generó un pago de regalías que, a su vez, hacía improcedente la imposición del ICA, pues el literal c) del numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 estableció la prohibición de gravar con dicho impuesto la explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las regalías o participaciones para el municipio fueren iguales o superiores a lo que correspondiera pagar por el referido tributo".

 

 

 

 

Pueden demandarse per saltum las actuaciones de la UGPP: así lo señaló la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 2 de marzo de 2017 (Consejero Ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas; número interno: 22659); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

 

"Se advierte que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, que, como se indicó, regula el procedimiento que debe adelantar la UGPP para la determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social – no prevé que el contribuyente pueda demandar per saltum la liquidación oficial de revisión.

 

"No obstante, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso sexto del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, respecto de las liquidaciones oficiales que modifiquen las autoliquidaciones de contribuciones parafiscales expedidas por la UGPP es aplicable el Estatuto Tributario.

 

"…

 

"Frente a la liquidación oficial de revisión, el artículo 720 [parágrafo] del Estatuto Tributario contempla la posibilidad de interponer demanda per saltum, es decir, acudir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar dicho acto sin necesidad de interponer recurso de reconsideración. En los demás casos, por ejemplo, la demanda contra una liquidación de aforo o una sanción, es necesario interponer recurso de reconsideración".

 

Procedimiento para el pago de gravámenes, como las estampillas, en los que no hay obligación formal de declarar: la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 2017 (Consejera Ponente: Dra. Stella Jeannette Carvajal; número interno: 21579), analizó el cobro de unas estampillas realizado por el municipio de Bucaramanga mediante una liquidación de aforo, y ello a pesar de que no hay obligación formal de declarar dichas estampillas. De esta sentencia cabe transcribir los apartes siguientes:

 

"Así pues, como se estableció, al no tener la demandantes la obligación formal de presentar declaración por las estampillas de Previsión Social Municipal, Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor, por los periodos discutidos, no se advierte que la Administración municipal hay debido adelantar el procedimiento de aforo previsto en el Estatuto Tributario Nacional, toda vez que este tiene por objeto determinar la obligación tributaria de quien persiste en incumplir con la obligación de presentar el denuncio tributario.

 

"En esas condiciones, contrario a lo alegado por la parte demandante, la Administración no estaba obligada a expedir el emplazamiento para declarar, acto de trámite que integra el procedimiento de aforo previsto en el Estatuto Tributario Nacional.

 

"…

 

"…se advierte que la administración dentro del procedimiento adelantado, expidió un acto previo a la determinación del tributo, que la demandada denominó 'oficio persuasivo' y otro de carácter definitivo denominado liquidación de aforo.

 

"En esas condiciones, la Sala observa que la administración, a través del acto previo, dio a la actora la oportunidad de conocer las razones por las cuales consideraba que la demandante debía pagar las estampillas liquidadas a su cargo y le dio la 

 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa:

 

"Así, tal como lo ha reconocido la Sala en anterior oportunidad, con la actuación previa adelantada por la Administración en este caso, se garantizó el debido proceso y se acataron las normas generales sobre las actuaciones administrativas en concreto, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la época de los hechos, aplicable al municipio demandado con fundamento en el artículo 1 ibídem. 

 

"…

 

"De acuerdo con lo anterior, aun cuando la normatividad territorial ni nacional previó un procedimiento para determinar la obligación tributaria cuando no existe obligación para declarar, el hecho que la administración haya liquidado y determinado el tributo a cargo de la actora a través de una 'liquidación de aforo', no impide reconocerle su condición de acto administrativo expedido en ejercicio de las facultades de fiscalización con el objeto de liquidar el tributo a cargo, lo cual constituye el aspecto primordial en el presente asunto.

 

"Las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión apelada, en cuanto anuló los actos administrativos acusados, por la ausencia de un emplazamiento previo al acto administrativo de determinación del tributo. Por consiguiente, se procede al estudio de fondo del asunto discutido".

 

Las bonificaciones o indemnizaciones pagadas por retiro de empleados no son deducibles: así lo señaló la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 23 de febrero de 2017 (Consejero Ponente: Dr. Jorge Octavio Ramírez; radicación: 20347); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

 

"En relación con el desconocimiento de la deducción por bonificaciones pagadas por retiro a las empleadas xxxxxx, xxxxxxx y xxxxxxx, la DIAN sostiene que ese beneficio no hizo parte de la liquidación laboral de esas empleadas.

 

"Además, esa  erogación no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 107 para su deducibilidad.

 

"7.2. En cambio, para la actora, la deducción de la bonificación es procedente porque es una erogación en que incurre las empresas en su actividad productora de renta.

 

"Todo, porque la ley laboral obliga a los empleadores a pagar indemnizaciones laborales y, permite que éstos paguen bonificaciones a los trabajadores.

 

"Precisó que no es usual que en las liquidaciones laborales se incluyan las bonificaciones porque esas sumas se pagan con anterioridad al trabajador.

 

"7.3. La Sala precisa que independientemente de que se encuentre o no probado el pago de las sumas de dinero por retiro de empleados, llámese bonificación o indemnización, estas no son deducibles del impuesto de renta toda vez que se trata de una erogación que no índice en la productiva de la empresa".

 

"Todo, porque esos pagos no obedecen a la contraprestación directa del servicio, que por lo demás, ya terminó, sino, al resarcimiento de los perjuicios causados al trabajador por el incumplimiento del empleador de lo pactado en el contrato.

 

"Es más sin dicho pago es totalmente viable producir la renta, ya que no es la casusa del ingreso por el desarrollo de la actividad. Tampoco es un gasto normal o usual para producir o facilitar la generación de la renta.

 

"Si bien son pagos que tienen el carácter indemnizatorio y en ello deben incurrir el empleador cuando desvincula al trabajador por decisión unilateral, el hecho que legalmente tuviera que pagar sumas de dinero por retiro de los trabajadores no las convierte en indispensables, porque la necesidad se debe dar frente al desarrollo de la actividad productora de renta. 

 

"Entender lo contrario implicaría otorgar un beneficio tributario a quien por su causa dio lugar al pago de la indemnización".

 

Aunque el contribuyente debe solicitar ante la Administración, y no ante el juez, la declaratoria de configuración del silencio administrativo positivo; dicho contribuyente sí puede solicitar ante la jurisdicción contenciosa la nulidad de los actos notificados extemporáneamente con base en la causal establecida en el numeral tercero del artículo 730 del Estatuto Tributario: así lo indica la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 24 de noviembre de 2016 (Consejera Ponente: Dra. Stella Jeannette Carvajal; radicación: 22084); sentencia cuyos apartes pertinentes dicen:

 

"En los términos de la demanda interpuesta y de las pretensiones formuladas por la actora, se advierte que la demandante no solicitó a la Administración el reconocimiento del silencio administrativo positivo. En su lugar, acudió a la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de que un juez declare la ocurrencia del mencionado silencio y, en consecuencia, anule la resolución que negó la solicitud de devolución del ICA de los bimestres 2 a 5 pagado por la demandante y se ordene su reintegro con los intereses legales, corrientes y moratorios correspondientes.

 

"El a quo consideró que, según la jurisprudencia de esta Sección, al tratarse de la ocurrencia del silencio administrativo positivo, solo era procedente someter al control jurisdiccional el acto administrativo que niega la declaratoria del silencio administrativo positivo.

 

"Pues bien, contrario a lo sostenido por el Tribunal, la Sala ha sostenido, que:

 

'Tales actos –los notificados extemporáneamente- pueden ser objeto de una solicitud de declaratoria de ocurrencia del silencio administrativo positivo, o bien, ser demandados ante la jurisdicción contenciosa, con fundamento en la causal de nulidad del artículo 730-3 ib., en concordancia con el artículo 137 del CPACA, que consagra la expedición sin competencia, como causal de anulación.

 

'Eso es así, porque aunque comparten una causa común (la pérdida de competencia temporal de la administración), se trata de vías independientes: con ocasión de la primera, se produce un acto nuevo, que puede o no, ser favorable a los intereses del recurrente, mientras que cuando se acude a la sede contenciosa, el juez declarará la nulidad de la decisión recurrida, con los efectos que esto genera; esto es, la firmeza de la declaración privada, la desaparición de la sanción, etc.

 

'La ocurrencia del silencio administrativo positivo en este caso concreto, no impide que el contribuyente acuda a la jurisdicción contenciosa, porque se trata de una ficción que opera en su favor; luego, este tiene la opción de hacer uso o no de la misma. Por eso, se reitera, el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a una u otra vía, elección que dependerá de sus intereses particulares'.

 

"De acuerdo con lo anterior, el contribuyente puede solicitar a la Administración que reconozca la ocurrencia del silencio administrativo positivo respecto del acto administrativo que fue notificado fuera del término establecido en la ley pero, también puede someter dicho acto al control jurisdiccional para que se decrete la nulidad que sobre ellos recae, al haber incurrido en la causal establecida en el numeral 3 del artículo 730 del Estatuto Tributario y, en consecuencia, reconocer los efectos que se derivan de su nulidad.

 

"En el asunto que nos ocupa, como se advirtió, la demandante pretende que se reconozca la ocurrencia del silencio administrativo positivo, que se anulen la resolución que decidió el recurso de reconsideración y el acto que negó la devolución. "En esas condiciones, si bien la primera pretensión, esto es, la que se refiere únicamente a que el Juez Contencioso «declare que se configuró el silencio administrativo positivo» no es procedente formularla ante esta jurisdicción, pues esa solicitud se debe elevar ante la Administración, tal petición no genera el rechazo de plano de la demanda pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, en este caso, el demandante optó por acudir a la jurisdicción para demostrar la nulidad de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, por falta de competencia temporal del ente demandado para expedirla, por haber ocurrido el silencio administrativo positivo, con los efectos que esto genera en materia tributaria y, en ese contexto, es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto".

 

Aplicación del principio de favorabilidad en materia cambiaria, sentencia de unificación de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: esta sentencia es del 4 de agosto de  2016 (Consejero Ponente: Dr. Guillermo Vargas Ayala; radicación: 05001 2333 000 2013 00701 02), y de ella es del caso transcribir los apartes siguientes:

 

"5.3.1. Primer cargo: El principio de favorabilidad en materia cambiaria.

 

"5.3.1.1. La jurisprudencia de la Sección Primera sobre la materia. 

 

"La jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado en ocasiones que el principio de favorabilidad no es aplicable en materia cambiaria, en razón a que se trata de un principio que solo tiene aplicación en el ámbito del derecho penal de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la C.P., y a que las infracciones al régimen cambiario no tienen la naturaleza de infracciones penales. En otras oportunidades, no obstante, ha reconocido que este principio podría ser aplicable en esta materia, aunque finalmente no lo ha aplicado en todos los casos examinados.

 

"…

 

"5.3.1.2. Unificación del criterio jurisprudencial. 

 

"La anterior reseña de la evolución jurisprudencial pone en evidencia que hay dos posiciones distintas y enfrentadas sobre la procedencia de la aplicación del principio de favorabilidad en materia cambiaria, razón por la cual se hace necesario que la Sección Primera unifique su jurisprudencia en torno a este tema. 

 

"…

 

"g.- En el anterior contexto, en esta providencia la Sección Primera unifica su criterio en el sentido de señalar que el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas".  


Esperamos que estos puntos les sean de utilidad. 

 
Reciban un cordial saludo, 


 
ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos ​

Novedades Tributarias

ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia @ 2014 Todos los Derechos Reservados
Desarrollo y diseño por JEDUCA S.A.S Tecnología & Comunicaciones