Por Alberto Echavarría, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI

Nuevas regulaciones han aparecido en el panorama laboral durante 2020 a causa de la emergencia sanitaria y los efectos que el COVID-19 han generado en Colombia.

Solamente en materia laboral, desde que se declaró la emergencia sanitaria (Resolución 385 de marzo de 2020), se han expedido 18 tipos de disposiciones (entre circulares, resoluciones y decretos) que abarcan temas como: la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; el trabajo en casa; el manejo de las relaciones laborales; los alivios económicos para el mantenimiento de los puestos de trabajo, tales como la disminución de la cotización en pensiones y la creación del apoyo económico estatal PAEF; el ejercicio del poder preferente; y la fiscalización laboral rigurosa por el Ministerio del Trabajo.

En una crisis tan aguda, en la que la cifra de desempleo a abril de este año alcanza el 19,8%, las empresas han realizado grandes esfuerzos por mantener activos sus negocios y preservar los puestos de trabajo. Algunas han hecho uso de las figuras jurídicas que el propio Código del Trabajo establece para situaciones de fuerza mayor, como la que estamos afrontando, uso que en modo alguno puede censurarse como contrario a los propósitos de un empresario diligente.

La mayoría de los empresarios formales han priorizado figuras jurídicas que ofrecen a los trabajadores seguir laborando. Se ha acudido al trabajo en casa, la anticipación de vacaciones, las jornadas flexibles, las licencias remuneradas y los ajustes de turnos y jornadas, entre otras medidas.

Recientemente, el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI (CESLA) presentó un informe de coyuntura frente a la crisis generada por el COVID-19. Este determinó que el 44,7% del empleo total en Colombia tiene un alto riesgo de pérdida, con mayor incidencia, por supuesto, en la población más vulnerable. Así, al analizar en detalle se ve que:

• El 70,7% de los ocupados informales está en esa exposición, mientras que en los ocupados formales la cifra llega al 7,7%.
• El 65,6% de quienes devengan menos de 1 SMMLV está en muy alto riesgo frente a cerca de 20% en los ocupados que ganan más de 1 SMMLV; y
• Mientras el 25,2% de los ocupados con educación superior está en muy alto riesgo, esta misma cifra asciende a 52,2% para quienes tienen un nivel educativo inferior.

Todo lo anterior concuerda con los análisis recientes realizados por la OIT sobre la vulnerabilidad del empleo. Por lo anterior, es una necesidad urgente buscar medidas encaminadas a la simplificación de la legislación laboral para alentar el crecimiento sostenido de la economía, recuperar los puestos de trabajo perdidos, mantener los existentes y estimular la formalización.

La legislación laboral actual es compleja en su estructura, lo que la hace difícil de entender y cumplir. A su vez, exige múltiples trámites y permisos, algunos de los cuales son poco relevantes para la protección laboral. Asimismo, presenta rigideces, altos costos y dificultades de acceso al sistema de seguridad social integral para muchas personas con alternativas actuales de trabajo.

En síntesis, debe actualizarse para responder a las realidades del momento, tanto de trabajadores como de empleadores.

Por último, para abordar la crisis, facilitar el tránsito del trabajador al sector formal y emprender la simplificación legal sin desmedro de los beneficios laborales, hay que actuar ahora y la mejor forma es fortalecer el diálogo social tripartito.