De acuerdo con el estudio Incidencia de los cigarrillos ilegales en Colombia, realizado por la firma Invamer para la ANDI, en 2017 el contrabando de cigarrillos se ubicó en 18%, cifra que genera preocupación para el sector empresarial al observar un incremento de 5 puntos porcentuales y un cambio en la tendencia de reducción del contrabando registrada hasta 2016.

El informe fue presentado al Comité de Seguimiento de Alto Nivel de Lucha contra el Contrabando, en el que participaron entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (POLFA).

El estudio tiene el propósito de realizar una medición periódica del impacto del contrabando de cigarrillos en el país, razón por la que se elabora desde 2011. A partir de la información que presenta ha permitido comunicar a las autoridades nacionales y a la opinión pública la tendencia de un fenómeno ilegal que genera graves consecuencias en la sociedad colombiana.

En las cifras que evidencia la investigación, se resalta una mayor concentración de este flagelo en las áreas rurales, frente al impacto en las ciudades principales. Específicamente, los departamentos que presentan una mayor participación de cigarrillos ilegales son Cesar, La Guajira y Magdalena con el 83%, 77% y 76%, respectivamente. De manera comparativa frente al año anterior, el contrabando en el departamento de Cesar tuvo un aumento de 30 puntos porcentuales y en Magdalena de 43. Lo anterior amerita atención especial sobre la región de la Costa Atlántica y los puntos de ingreso de mercancías ilegales como lo son las Zonas de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Manaure y Uribia (Puerto Nuevo), en el departamento de La Guajira.

Con base en estos resultados, se estima que para el 2017 la pérdida de recaudo a nivel nacional ascendió a $229.376 millones. Asumiendo que el volumen de contrabando permanece estable en 2018, se calcula que la pérdida ascendería a $335.522 millones.

Según las cifras presentadas en el marco de este comité y, con el fin de trabajar conjuntamente con el sector público, fue presentada –por parte de la industria– la necesidad imperante de dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley Anticontrabando (Ley 1762 de 2015).

Al término del Comité, el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y la DIAN manifestaron la necesidad de que los gobernadores trabajen conjuntamente con las entidades en la lucha contra este ilícito, dado el alto impacto que genera en la pérdida de recaudo territorial y específicamente en los recursos destinados para la salud.

El entonces Director de la DIAN, Santiago Rojas, complementó que “de acuerdo al estudio presentado, el nivel de incidencia del contrabando de cigarrillos no se evidencia en las principales ciudades del país. Por el contrario, se presenta un incremento importante en el sector rural y en los departamentos de la Costa Atlántica, La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar”.

El Gobierno estuvo de acuerdo en continuar trabajando conjuntamente con el sector privado, y priorizar el trabajo regulatorio que permita el cumplimiento de la Ley Anticontrabando, al igual que la construcción de estrategias y acciones encaminadas a luchar contra comercio ilícito de cigarrillos.