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marzo 8 de 2018
"La actividad minero-energética es significativa para el crecimiento económico del país, pues aporta cerca del 11% de participación dentro del PIB" Marta Lucía Ramírez

La candidata a la presidencia fue Senadora de la República entre 2006 y 2009, también fue Ministra de Defensa Nacional entre 2002 y 2003.

La Revista A de la ANDI indagó a los candidatos a la Presidencia de la República sobre las consultas previas y populares, agricultura, y minería e hidrocarburos.
A continuación la entrevista otorgada por Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el movimiento ciudadano "Por una Colombia Homesta y Fuerte", en la edición 265 de la Revista A.

Revista A: Hay un gran debate en el país alrededor de las consultas previas y las consultas populares, su uso indebido y el impacto que están teniendo en las regiones. ¿Cuál es su posición al respecto y qué propuesta tiene su plan de gobierno frente a este tema?

Marta Lucía Ramírez: La celebración de las consultas previas y consultas populares frente a la ejecución de diferentes proyectos suele generar conflictos que han ocasionado dificultades de obtención de la licencia ambiental y el aumento de la minería ilegal. La participación de comunidades suele perder su sentido al verse influenciada por las acciones de inescrupulosos que abusan de los esquemas de protección, con miras a atender intereses individuales, extorsionando a los empresarios.
Las consultas previas y consultas populares requieren ser atendidas con prontitud, pues el control social se debe efectuar dentro de un marco de información válida y procesos bien definidos, en los que la autoridad competente brinde las garantías suficientes para las partes.
Se propondrá un proyecto de ley estatutaria que regule la participación de las comunidades a través de las consultas populares, definiendo su carácter vinculante, los plazos y promoviendo su amplia difusión dentro de la comunidad. Los procesos deben tener en cuenta tanto los derechos y participación de la población como la pertinencia, transparencia, sostenibilidad de las inversiones, y el impacto de las mismas en el orden nacional. Las garantías a los ciudadanos se soportarían con una política de inversión de regalías en proyectos sostenibles paralelos.

Revista A: Es un lugar común afirmar que Colombia tiene un gran potencial en materia agroindustrial; sin embargo hay bastante por hacer. ¿Qué tiene previsto en su programa para promover la inversión y el desarrollo del sector de forma sostenible?

M.L.R.: En Colombia, el sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo; sin embargo, su competitividad se ve afectada por altos costos de producción, bajos precios pagados al productor, la intermediación, la falta de tecnificación de la producción, los bajos índices de acceso a asistencia técnica y a paquetes tecnológicos. Además, desde los mercados, el enfoque de desarrollo de la actividad de producción está basado en la oferta y no en la demanda. 
De otra parte, los retos del sector frente a la sostenibilidad, definen la importancia de avanzar hacia un modelo económico de una agricultura climáticamente inteligente y el desarrollo de territorios rurales resilientes. 
Para hacer competitivo al sector, son necesarias las inversiones en la conectividad del campo con las ciudades. 
Se deben identificar los productos en los que cada región es potencialmente competitiva, con la posibilidad de involucrar a pequeños productores, individualmente o de forma asociativa, hacia la generación de cadenas de valor y la articulación de cadenas de suministro con el gran empresario. 
La posibilidad de crear empresa en el campo no se limita a la gran inversión, sino que las formas de producción asociativa generan las condiciones para que los campesinos tengan la oportunidad de desarrollar sus propios agronegocios. Así, es necesario trabajar por lograr la combinación de diferentes modelos de desarrollo, incentivando la inversión empresarial.

Frente a lograr la sustitución progresiva de las importaciones agropecuarias del país, se definirán agendas concretas para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales y de abastecimiento del mercado local. Esto, generando mecanismos de salvaguardas y de sustentación de precios. 
Debemos mirar la experiencia internacional, en la cual la propiedad de algunas tierras rurales y urbanas se mantiene en cabeza del Estado y se asigna mediante contratos de comodato a agricultores que sean los propietarios de la producción que se desarrollará, con financiación y asistencia técnica del Gobierno.

Revista A: ¿Debe Colombia desarrollar el potencial que tiene en materia de minería e hidrocarburos, o se debe limitar el crecimiento de proyectos en estos sectores?
 
M.L.R.: La actividad minero-energética es significativa para el crecimiento económico del país, pues aporta cerca del 11% de participación dentro del PIB. Se debe reconocer la importancia que representa el desarrollo de esta industria y la necesidad de establecer mecanismos claros que permitan su ejecución.
Las reservas de minerales e hidrocarburos son una oportunidad para que se potencialice la producción y se logre el crecimiento a corto plazo, en el marco de condiciones reguladas, que busquen la configuración de una economía equilibrada, con actividades sostenibles. Esto dependerá del fortalecimiento de la institucionalidad que garantice el cumplimiento de las reglas establecidas. 
Todo proyecto que se efectúe en el país debería seguir un plan riguroso desde su licenciamiento, acompañado de un plan de manejo ambiental que atienda a las condiciones del entorno y las necesidades de sus pobladores. 

Asimismo, los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía deben trabajar en sus políticas de manera congruente y requerir el uso de nueva tecnología en los procesos extractivos, de manera que estos sean más eficientes.Su crecimiento debe construirse con miras a una transición hacia energías limpias, que permitan estabilizar la matriz energética del país. 

Acceda a las entrevistas de los demás candidatos en la edición 265 de la Revista A.