La Revista A de la ANDI indagó a los candidatos a la Presidencia de la República sobre las consultas previas y populares, agricultura, y minería e hidrocarburos.
A continuación la entrevista otorgada por el candidato Juan Manuel Galán, representante del liberalismo, en la edición 265 de la Revista A.

Revista A: Hay un gran debate en el país alrededor de las consultas previas y las consultas populares, su uso indebido y el impacto que están teniendo en las regiones. ¿Cuál es su posición al respecto y qué propuesta tiene su plan de gobierno frente a este tema?

Juan Manuel Galán: En primer lugar, es importante establecer una distinción entre consultas previas y consultas populares. No son la misma cosa. Las consultas previas son un derecho fundamental que se le reconoce únicamente a las comunidades étnicas y buscan que estos pueblos tengan la oportunidad de pronunciarse sobre impactos en sus territorios y son un instrumento de protección de su integridad cultural. En contraste, las consultas populares no están dirigidas específicamente a comunidades étnicas, sino a toda la población y buscan permitirles a los ciudadanos participar en la toma de decisiones sobre proyectos que pueden afectar su cotidianidad.

Hecha la distinción, urge una regulación tanto de las consultas previas como de las consultas populares. Sé que el Ministerio del Interior tiene un proyecto de ley de consulta previa, que fija unas reglas de juego claras para proveer certidumbre jurídica para las comunidades y la inversión. 

En relación con los impactos que las consultas previas y las consultas populares tienen en las regiones, debo ser muy claro: es necesario ver las causas por las cuales se produce esta explosión de consultas, me refiero a la reforma al sistema de regalías. Es innegable que la reciente reforma al Sistema General de Regalías le quitó a los municipios y departamentos la autonomía para decidir en qué invertían sus recursos. Si este país quiere que las comunidades locales apoyen el desarrollo de las industrias de hidrocarburos y la minería, es necesario no solo mitigar los impactos negativos de estas actividades, sino que debe darles la oportunidad para mejorar las condiciones en las zonas donde se realizan, permitirles a municipios y departamentos invertir directamente las regalías y mejorar las condiciones de vida de su población. Una de las propuestas de mi gobierno pasa por revertir ese proyecto centralista en el manejo de regalías y por lograr una reglamentación adecuada de las consultas en Colombia, que garantice seguridad jurídica para todos los actores. Propondré una reforma constitucional para devolverles autonomía a las entidades territoriales en las decisiones de inversión de las regalías.

Revista A: Es un lugar común afirmar que Colombia tiene un gran potencial en materia agroindustrial; sin embargo hay bastante por hacer. ¿Qué tiene previsto en su programa para promover la inversión y el desarrollo del sector de forma sostenible?

J.M.G.: Normalmente consideramos que para potenciar el desarrollo del sector agroindustrial, es necesario concentrarnos en economías de escala y en grandes productores. Eso es falso. Pensemos cuántas variedades de hortalizas y tubérculos se producen en el país que no son explotados porque no son rentables en las economías de escala. Según la Federación Colombiana de Productores de Papa, en Colombia se producen cerca de 250 variedades del tubérculo, de las cuales consumimos en promedio solo siete. Los pequeños productores conocen métodos de producción que permitirían vender en pequeña escala y con márgenes de utilidad las demás variedades. Por eso es necesario priorizar las cadenas de generación de valor de estos productos, promover que nuestra biodiversidad agrícola sea llevada a la mesa, que se garantice la seguridad alimentaria de la población que la produce y que se abran más espacios para competir en nuevos mercados agroalimentarios. Programas de comercio agrícola justo, sin intermediarios, y la generación de capital social rural son medidas pertinentes en esa dirección.

Revista A: ¿Debe Colombia desarrollar el potencial que tiene en materia de minería e hidrocarburos, o se debe limitar el crecimiento de proyectos en estos sectores?

J.M.G.: Varios países están planteando una transición para abandonar definitivamente las fuentes fósiles de energía. Colombia tiene que desarrollar su enorme potencial y grandes ventajas comparativas en la región para generar energía renovable. Es indispensable una regulación clara y favorable al uso de las fuentes limpias de energía, construida concertadamente con el sector privado, la academia y otras organizaciones de la sociedad civil. La creación del fondo ‘Colombia Sostenible’ es un avance significativo en esa dirección. En cuanto a la minería y la explotación de oro, si esta actividad pone en peligro las fuentes de agua, la mejor opción para el país no es extraer oro en esas zonas, sino enfocarse en otras actividades como la conservación, o la agricultura y la ganadería. Además, es urgente realizar un catastro minero que le permita a Colombia formalizar esta actividad. Es indispensable hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo, a su ubicación y administrar adecuadamente las áreas protegidas o excluidas de la actividad minera.

Acceda a las entrevistas de los demás candidatos en la edición 265 de la Revista A.